La piedra angular del actual bachillerato de adultos son los materiales.
En otras épocas los nocturnos y el IBAD contaban con material. Los primeros utilizaban los mismos manuales que en las enseñanzas ordinarias; en el IBAD se contaba con materiales impresos editados expresamente para este tipo de enseñanzas, muy completos, que incorporaban actividades y sus correspondientes solucionarios. En aquel orden de cosas estas plazas docentes eran apetecidas, y ocupadas generalmente por los profesores de mayor rango (catedráticos) y antigüedad de los departamentos, pues la docencia con adultos desgastaba menos que con adolescentes.
El advenimiento de nuevos canales de comunicación como Internet, que pueden tener un uso educativo al que se puede sacar mucho partido, ha cambiado el escenario. Una lenta pero implacable transformación se empezaba a operar, con dificultades derivadas de la pendiente alfabetización digital de profesores y alumnos, en un país que arrastraba una tradición de servicios de telecomunicación monopolísticos, caros y lentos, comparados con los de países de nuestro entorno. Pero además, en las aulas se arrastran carencias de equipamiento y de adecuación. Las aulas de los IES se han seguido aprovechando para los adultos sin que este uso compartido se haya traducido en incremento de dotaciones o de presupuestos para los centros; presupuestariamente hablando ni siquiera se contempla el concepto, lo cual no deja de ser un agravio comparativo, a diferencia de enseñanzas que puedan impartirse en los IES y que sí se presupuestan, como las de de ciclos formativos, por ejemplo.
Pero volvamos a los materiales. Si siempre ha sido cierto lo de que “cada maestrillo su librillo”, ahora en bachillerato de adultos lo es absolutamente. No existen materiales para el 94% de la población que cursa estas enseñanzas, más allá de lo que elabore su profesor, al cual no se le exige ni como requisito ni como mérito estar alfabetizado digitalmente. Así ocurre en los IES donde se imparte el bachillerato semipresencial a más de la mitad de la población canaria matriculada. La implantación del bachillerato semipresencial se ha llevado a cabo de este modo, sin más, desde el año 2006. En el CEAD, las comisiones de servicio sí contemplan ciertas capacidades o competencias digitales para el desempeño de estos trabajos. Pero en uno y otro caso no figura en el horario del profesor horas dedicadas a edición de materiales, por lo que la Administración se lava las manos y deja a los alumnos en manos del voluntarismo de cada profesor, al estilo de las “modélicas” organizaciones confesionales, de consabida tradición de autoridad paternalista.
El compromiso moral del profesor hacia los alumnos ha colocado a éste entre la espada y la pared. Por un lado ha de seleccionar o sintetizar material necesario para cubrir los objetivos, en un formato de clases más reducido. Por otro lado ha de compartir con los alumnos el material a través de Internet, y atender sus dudas, urgido por las programaciones y el hecho de su asistencia irregular a las sesiones de clase, derivada de las obligaciones familiares, turnos de trabajo, o la simple comodidad. Ante este panorama algunos profesores se han ido jubilando y otros se han pasado al diurno, dejando expedito el camino a quienes quisiesen asumir el doble reto. Durante estos últimos años han llegado a las aulas del Semipresencial los últimos del departamento, mientras que algunos de los más veteranos esperan pacientemente a que los materiales estén confeccionados, con la esperanza improbable de que vuelva a ser algo parecido a lo que fue, momento en el que –de no regularse algo- volverían a ejercer su derecho preferente a elegir turno.
La parte de las competencias para trabajar en entornos digitales es asumible por el profesorado. Lo cuestionable es que la Administración no lo exija como requisito a la hora de cubrir un puesto de trabajo de estas características, quizás haciendo prevalecer los intereses de quienes ni los cumplen ni están dispuestos a cumplirlos; también es cuestionable que forme al profesor “a posteriori”, empezando los cursos académicos en precario, pues perjudica gravemente a los alumnos, favorece su abandono mayoritario en el primer trimestre, frustra sus expectativas y desprestigia estas enseñanzas.
La parte de la confección de materiales, en cambio, es inadmisible. Los materiales deberían ser suministrados por la Administración, que tendría la obligación de hacerse con ellos y distribuirlos entre los docentes, ya que las editoriales no le ven lucro. A partir de ello, si un profesor decide editar o adaptar los propios, pues es cosa suya; pero si no es así, no carecerá de los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo, ni más ni menos que cualquier trabajador cualificado.
Esta situación perjudica principalmente a los alumnos. Actualmente la Administración “hace la vista gorda” a la falta de apoyo y seguimiento personalizado del alumnado, factor decisivo del abandono. Estos alumnos requieren un trabajo de apoyo y refuerzo en aula, que se contempla en la Orden que regula estas enseñanzas y en su horario, pero que raras veces se imparte de hecho, porque es prioritario elaborar materiales, con el consentimiento de todos y el perjuicio hacia estas generaciones. Los profesores “cacharreando”, pegados al ordenador, investigan en sus materias, en un tiempo que debiera dedicarse a achicar dificultades del alumnado; algunos incluso lucen la exhaustividad de sus materiales confeccionados, olvidando que una taza se llena mejor con una jarra que con un bidón, y que si se circula en dirección equivocada cuanto más rápido sea el vehículo más lejos está uno de su destino.
Asistimos al “voluntariado” de profesores. Las ventajas aparentes son de índole económica: no se compran materiales, luego no se gasta, nos apañamos con lo de casa. Pero la Administración ha de garantizar la provisión de materiales. Lo que la sociedad espera de un profesor es que enseñe y evalúe honestamente aprendizajes socialmente validados. La edición o publicación no es requisito de su trabajo. Además nos podemos enredar con problemas de licencias y derechos; no sería el primer caso en el que el traslado de un profesor a otro centro propicia que su trabajo se ponga a disposición del “heredero”, en ocasiones infringiendo derechos de copyright; por no hablar de que la mayoría de los profesores editan apropiándose de imágenes y textos de terceros, no siempre con precauciones de comprobar si son licencias de dominio público.
Nada de esto sería realmente necesario si la Administración comprase los derechos y pusiese un material idóneo a disposición de todos, lo mismo que ha hecho con el bachillerato por Internet. Desafortunadamente esta iniciativa sólo repercute en el 6% del total de matriculados, y el restante 94% se ve perjudicado con agravio comparativo por el despropósito y consecuencias de la situación arriba descrita.
Aunque el título de bachiller sea idéntico en todo el Estado y para todas las enseñanzas (en ello radican su garantías), la indolencia de muchos alumnos adultos y una conciencia de segunda oportunidad les disuade de exigir la mayor calidad, y en cambio les predispone a conformarse sin más con el papelito –recordemos que también en su día se conformaron con las enseñanzas obligatorias-. Lo realmente preocupante es que este título les impida la posibilidad de alcanzar nunca los conocimientos necesarios que se les presuponen, base de aprendizajes posteriores, pero eso será objeto de otro artículo sobre la evaluación.
En otras épocas los nocturnos y el IBAD contaban con material. Los primeros utilizaban los mismos manuales que en las enseñanzas ordinarias; en el IBAD se contaba con materiales impresos editados expresamente para este tipo de enseñanzas, muy completos, que incorporaban actividades y sus correspondientes solucionarios. En aquel orden de cosas estas plazas docentes eran apetecidas, y ocupadas generalmente por los profesores de mayor rango (catedráticos) y antigüedad de los departamentos, pues la docencia con adultos desgastaba menos que con adolescentes.
El advenimiento de nuevos canales de comunicación como Internet, que pueden tener un uso educativo al que se puede sacar mucho partido, ha cambiado el escenario. Una lenta pero implacable transformación se empezaba a operar, con dificultades derivadas de la pendiente alfabetización digital de profesores y alumnos, en un país que arrastraba una tradición de servicios de telecomunicación monopolísticos, caros y lentos, comparados con los de países de nuestro entorno. Pero además, en las aulas se arrastran carencias de equipamiento y de adecuación. Las aulas de los IES se han seguido aprovechando para los adultos sin que este uso compartido se haya traducido en incremento de dotaciones o de presupuestos para los centros; presupuestariamente hablando ni siquiera se contempla el concepto, lo cual no deja de ser un agravio comparativo, a diferencia de enseñanzas que puedan impartirse en los IES y que sí se presupuestan, como las de de ciclos formativos, por ejemplo.
Pero volvamos a los materiales. Si siempre ha sido cierto lo de que “cada maestrillo su librillo”, ahora en bachillerato de adultos lo es absolutamente. No existen materiales para el 94% de la población que cursa estas enseñanzas, más allá de lo que elabore su profesor, al cual no se le exige ni como requisito ni como mérito estar alfabetizado digitalmente. Así ocurre en los IES donde se imparte el bachillerato semipresencial a más de la mitad de la población canaria matriculada. La implantación del bachillerato semipresencial se ha llevado a cabo de este modo, sin más, desde el año 2006. En el CEAD, las comisiones de servicio sí contemplan ciertas capacidades o competencias digitales para el desempeño de estos trabajos. Pero en uno y otro caso no figura en el horario del profesor horas dedicadas a edición de materiales, por lo que la Administración se lava las manos y deja a los alumnos en manos del voluntarismo de cada profesor, al estilo de las “modélicas” organizaciones confesionales, de consabida tradición de autoridad paternalista.
El compromiso moral del profesor hacia los alumnos ha colocado a éste entre la espada y la pared. Por un lado ha de seleccionar o sintetizar material necesario para cubrir los objetivos, en un formato de clases más reducido. Por otro lado ha de compartir con los alumnos el material a través de Internet, y atender sus dudas, urgido por las programaciones y el hecho de su asistencia irregular a las sesiones de clase, derivada de las obligaciones familiares, turnos de trabajo, o la simple comodidad. Ante este panorama algunos profesores se han ido jubilando y otros se han pasado al diurno, dejando expedito el camino a quienes quisiesen asumir el doble reto. Durante estos últimos años han llegado a las aulas del Semipresencial los últimos del departamento, mientras que algunos de los más veteranos esperan pacientemente a que los materiales estén confeccionados, con la esperanza improbable de que vuelva a ser algo parecido a lo que fue, momento en el que –de no regularse algo- volverían a ejercer su derecho preferente a elegir turno.
La parte de las competencias para trabajar en entornos digitales es asumible por el profesorado. Lo cuestionable es que la Administración no lo exija como requisito a la hora de cubrir un puesto de trabajo de estas características, quizás haciendo prevalecer los intereses de quienes ni los cumplen ni están dispuestos a cumplirlos; también es cuestionable que forme al profesor “a posteriori”, empezando los cursos académicos en precario, pues perjudica gravemente a los alumnos, favorece su abandono mayoritario en el primer trimestre, frustra sus expectativas y desprestigia estas enseñanzas.
La parte de la confección de materiales, en cambio, es inadmisible. Los materiales deberían ser suministrados por la Administración, que tendría la obligación de hacerse con ellos y distribuirlos entre los docentes, ya que las editoriales no le ven lucro. A partir de ello, si un profesor decide editar o adaptar los propios, pues es cosa suya; pero si no es así, no carecerá de los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo, ni más ni menos que cualquier trabajador cualificado.
Esta situación perjudica principalmente a los alumnos. Actualmente la Administración “hace la vista gorda” a la falta de apoyo y seguimiento personalizado del alumnado, factor decisivo del abandono. Estos alumnos requieren un trabajo de apoyo y refuerzo en aula, que se contempla en la Orden que regula estas enseñanzas y en su horario, pero que raras veces se imparte de hecho, porque es prioritario elaborar materiales, con el consentimiento de todos y el perjuicio hacia estas generaciones. Los profesores “cacharreando”, pegados al ordenador, investigan en sus materias, en un tiempo que debiera dedicarse a achicar dificultades del alumnado; algunos incluso lucen la exhaustividad de sus materiales confeccionados, olvidando que una taza se llena mejor con una jarra que con un bidón, y que si se circula en dirección equivocada cuanto más rápido sea el vehículo más lejos está uno de su destino.
Asistimos al “voluntariado” de profesores. Las ventajas aparentes son de índole económica: no se compran materiales, luego no se gasta, nos apañamos con lo de casa. Pero la Administración ha de garantizar la provisión de materiales. Lo que la sociedad espera de un profesor es que enseñe y evalúe honestamente aprendizajes socialmente validados. La edición o publicación no es requisito de su trabajo. Además nos podemos enredar con problemas de licencias y derechos; no sería el primer caso en el que el traslado de un profesor a otro centro propicia que su trabajo se ponga a disposición del “heredero”, en ocasiones infringiendo derechos de copyright; por no hablar de que la mayoría de los profesores editan apropiándose de imágenes y textos de terceros, no siempre con precauciones de comprobar si son licencias de dominio público.
Nada de esto sería realmente necesario si la Administración comprase los derechos y pusiese un material idóneo a disposición de todos, lo mismo que ha hecho con el bachillerato por Internet. Desafortunadamente esta iniciativa sólo repercute en el 6% del total de matriculados, y el restante 94% se ve perjudicado con agravio comparativo por el despropósito y consecuencias de la situación arriba descrita.
Aunque el título de bachiller sea idéntico en todo el Estado y para todas las enseñanzas (en ello radican su garantías), la indolencia de muchos alumnos adultos y una conciencia de segunda oportunidad les disuade de exigir la mayor calidad, y en cambio les predispone a conformarse sin más con el papelito –recordemos que también en su día se conformaron con las enseñanzas obligatorias-. Lo realmente preocupante es que este título les impida la posibilidad de alcanzar nunca los conocimientos necesarios que se les presuponen, base de aprendizajes posteriores, pero eso será objeto de otro artículo sobre la evaluación.
